El colectivo 'Abusos Urbanísticos Almanzora No' (AUAN) ha exigido a la Junta de Andalucía que ponga en marcha "cuanto antes" un plan especial para legalizar y evitar el posible derribo de las cerca de 5.000 viviendas propiedad de ciudadanos británicos que se construyeron sobre suelo rústico en el valle del Almanzora (Almería).

David Dunthorn, portavoz de la asociación, ha criticado la "falta de soluciones" del Gobierno andaluz aunque, según él, se comprometió en varias ocasiones a legalizar unos inmuebles que el colectivo británico adquirió "con los ahorros de toda una vida" sin saber que se levantaban sobre terrenos no urbanizables.

Dunthorn instó a las Administraciones regional y central a "reflexionar" sobre la situación de los "cientos" de ciudadanos británicos afectados, ya que, a su juicio, la demolición el pasado mes de enero de la vivienda de un matrimonio en Vera (Almería) ha hecho "saltar la alarma" no sólo en Reino Unido sino en todo el norte de Europa, cuyos habitantes "descartan" ahora la compra de una segunda residencia en el sur de España.

De hecho AUAN afirmó que el "engaño" del que han sido "víctimas" repercute ya "muy negativamente" sobre la economía española puesto que los ciudadanos extranjeros prefieren optar por otros países donde "no se producen estos escándalos" a la hora de elegir su destino de turismo residencial.

Por último Dunthorn pidió que no se atribuyan los posibles "errores" cometidos al autorizar casas ilegales a los moradores que las adquirieron sin conocer ni el idioma ni las condiciones del suelo en el que se asentaban y exigió "soluciones" a las Administraciones involucradas, ya que son estas últimas "las que deberían haber evitado la construcción en suelo rústico".

A finales de 2006, poco después de su constitución como asociación, con cerca de 200 miembros, AUAN remitió una queja a la Comisión de Peticiones de la Unión Europea (UE) que motivó la visita de una comisión parlamentaria en febrero de 2007, encabezada el propio presidente de la comisión de Peticiones de la Eurocámara, el polaco Marcin Libicki, del grupo Unión por la Europa de las Naciones, y por el eurodiputado laborista británico, Michael Cashman.

Tras reunirse con los responsables de la Delegación provincial de Obras Públicas, ésta determinó la "gravedad" de la situación aunque apuntó que se podría derivar de la "falta de asesoramiento y prudencia" por parte de los propietarios.