El Toblerone comenzó ayer su lento pase a la historia de Almería con unos derribos más acelerados de lo que se tenía previsto. Si la empresa se había comprometido con los responsables del colegio Rafael Alberti a retrasar los trabajos hasta agosto para no interferir ni molestar las actividades que aún se desarrollan en unos patios lindantes con el edificio, da la impresión de que las protestas han tocado una fibra sensible y se quieren acelerar lo antes posible. La consecuencia de las prisas fueron unas nubes de polvo rojo que se posaban sobre cualquier superficie y unos trabajos que se realizaban sin acordonar la zona (sólo se hizo por la tarde)

Y es que los trabajos y el ruido que les acompañan, comenzaron a primera hora de la mañana. Varios vecinos confirmaron a Diario de Almería que se despertaron con el derribo de una de las torres aledañas al edificio principal, algo que estaba en consonancia con lo que hasta antes de ayer se había previsto. Pronto atacaron las planchas del Toblerone propiamente dicho y las consecuencias se vieron de inmediato. Como estas caían en el interior del silo, las nubes de polvo cubrieron todo lo que se encontraban a su paso. A pesar de los trabajos de asentamiento del mineral de hierro que aún queda en su interior y a que el edificio fue construido para evitarlas, el recuerdo de casas teñidas de color rojo volvió a adueñarse del paisaje de una ciudad que pensaba haberlas olvidado.

Pese a que el destino del Toblerone estaba comenzado a ser sellado, los integrantes de la Plataforma Salvemos el Toblerone, comenzaban a moverse. Su primera parada fue el juzgado de guardia que "estaba cerrado" según Manuel Pérez Sola; después acudieron a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, de donde les derivaron a la Policía Local. Ahí fueron testigos de una de esas contestaciones que tardan en ser olvidadas. Cuando fueron a levantar la denuncia por las condiciones en las que se estaba llevando a cabo el derribo, uno de los policías les dijo. "Aquí no se pueden poner denuncias contra el Toblerone". El juzgado de instrucción número 6 de Almería fue su último destino de una denuncia en la que se explicaba que a tenor de las condiciones en las que "pública y ostentosamente" se están desarrollando las obras de demolición, se puede haber incurrido en una "notoria y flagrante" violación de los artículos 326 y 328 del Código Penal. Así, denuncian que se haya podido falsear u ocultar información sobre los aspectos ambientales de la actuación. También apelan a la comprobación del cumplimiento de la normativa que regula el almacenamiento, traslado y eliminación de residuos inertes. En esta línea, exponen la "ausencia de garantía de las condiciones ambientales e incluso de la protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores" ocupados en la demolición, por lo que piden que se paren las obras.

También han denunciado al Ayuntamiento de Almería al entender que se ha vulnerado la Ley de Procedimiento Administrativo tanto por no facilitar la documentación relativa a la aprobación de las condiciones en las que se tiene que producir la demolición al no comunicar el inicio de obras a la ciudadanía para la adopción de medidas preventivas.

No fue lo único que se movió en ese mismo sentido. Los partidos de la oposición se decantaron por solicitar la paralización de la demolición. Joaquín Jiménez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, reconoció a Diario de Almería que "hemos pedido la paralización inmediata de las obras que se están llevando a cabo, hasta que conozcamos todos los detalles sobre las mismas que hemos pedido y aún no nos han remitido, y también la reparcelación de la zona, algo que hasta el momento sólo conoce el PP. Se siguen haciendo las cosas con el mayor oscurantismo y sin dar ningún tipo de explicaciones a los ciudadanos".

Izquierda Unida fue todavía más lejos y su coordinadora provincial, Rosalía Martín, hizo otro llamamiento a la paralización del derribo y para que se arbitre un mecanismo de consulta por parte del Ayuntamiento de Almería en el que los vecinos opinen sobre este edificio "que lleva conviviendo con ellos más de 40 años". Martín reconoció que la "reacción popular ciudadana" en defensa de esta infraestructura y apeló a la participación ciudadana en una decisión como ésta "frente a la falta de transparencia y opacidad con que se está actuando".

Martín señaló que no hay razones para agilizar este derrumbe "máxime cuando el soterramiento no se va a hacer de forma inmediata y tampoco corre prisa a nivel urbanístico tal y como está el sector de la construcción y dado el alto número de viviendas vacías que hay en la ciudad. Abogamos por una consulta ciudadana y no nos sirven razones como las que esgrime el PP acerca de que se trata de propiedad privada".