Tribunales

Los seis detenidos por la trama de Zurgena pasan a disposición judicial

  • Fueron detenidos por su presunta implicación en la construcción de alrededor de un millar de viviendas sobre suelo rústico.

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La Guardia Civil de Almería puso a primera hora de hoy a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Huércal-Overa (Almería) a los seis detenidos por su presunta implicación en la construcción de alrededor de un millar de viviendas sobre suelo rústico en el término municipal de Zurgena (Almería), entre los que se encuentran el alcalde de la localidad, Cándido Trabalón (PA), y el concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras (PA).

Fuentes de la investigación han señalado que los arrestados, a los que se suman, junto a los anteriores, los constructores Tomás Zurano, presidente de Grupo Dizu y del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública, Ceacop, y Antonio López, un arquitecto municipal y un aparejador, llegaron a las dependencias judiciales sobre las 10.00 horas de hoy.

A todos se les imputa la comisión de los delitos de prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio tras una investigación abierta en 2006 por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), que derivó en la incoación de diligencias por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente y el Juzgado de Instrucción número dos de Huércal-Overa.

Las detenciones se practicaron el pasado miércoles dentro de la denominada operación 'Costurero', ordenada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Huércal-Overa y dentro de la cual se efectuaron también distintos registros en domicilios y empresas de Albox, Garrucha, la capital y Zurgena, en cuyo ayuntamiento los agentes del Grupo de Delitos Urbanísticos intervinieron diverso material informático y documentación.

Tanto el primer edil como el también primer teniente de alcalde -quienes se presentaron a la reelección en las elecciones municipales de 2007 en las que alcanzaron la mayoría absoluta con ocho de los once concejales- fueron citados a declarar en relación con este caso en enero de 2007 aunque en calidad de testigos.

El juez investigaba, tal y como sostiene el Fiscal de Medio Ambiente, Juan Sánchez, si se produjo la comisión de delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio en la autorización municipal a seis promociones de viviendas ejecutadas por cuatro empresas en pedanías del municipio.

Algunas de ellas se encuentran paralizadas como medida cautelar después de que la Junta de Andalucía impugnase ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía las licencias municipales que el Consistorio ratificó por silencio administrativo pese a la solicitud de revisión tramitada por la delegación provincial de Obras Públicas.

El Ayuntamiento de Zurgena (Almería) aprobó en febrero de 2007 la delimitación de suelo urbano (DSU) del término municipal que situaba dentro de esta calificación las más de 1.000 viviendas denunciadas ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial por el Seprona de la Guardia Civil e impugnadas por la Junta de Andalucía.

El documento, aprobado en pleno el pasado con la abstención de los ediles en la oposición, fija en 358 hectáreas el suelo urbano de Zurgena y declara urbanizables más de 122 hectáreas en la pedanía de Carasoles-Cucador y otras 111,50 hectáreas en La Alfoquía donde, según el atestado del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, se detectaron cerca de 350 viviendas construidas sobre suelo rústico.

Las otras pedanías donde se detectaron irregularidades -hasta otras 600 residencias- también vieron incrementada la extensión de suelo urbano. En Los Llanos del Peral adquirieron esta calificación sus 390.000 metros cuadrados de suelo mientras que en Los Menchones la superficie alcanzó los 142.800 metros cuadrados.

La propia comisión de Peticiones del Parlamento Europeo concluyó en el informe elaborado a raíz de su visita a la comarca del Almanzora y al Levante almeriense en febrero de 2007 que las autoridades provinciales de Almería "reconocieron" que "un número de autoridades municipales han actuado incorrectamente", por lo que muchos alcaldes están siendo procesados y también que "en muchos casos, considerables sumas de dinero se generaron de estas prácticas ilegales".

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