Tan solo en 2022 se notificaron casi 8.000 delitos en la provincia de Almería. Más de 20 diarios. Se impusieron un total de 16.219 penas, de ellas, casi tres mil fueron condenas a prisión, otras mil tuvieron como fin la prohibición de tenencias de armas, 1.505 impusieron la prohibición de comunicarse con la víctima y 1.190 acabaron con trabajos en beneficio de la comunidad.

Los delitos más comunes son aquellos que atacan al patrimonio y el orden socioeconómico. Son hurtos, robos, robos con violencia o fuerza o con el uso del vehículo. También hay usurpaciones, defraudaciones, estafas o daños.

No son menos numerosos los delitos contra la seguridad colectiva, así como aquellos que atentan contra la seguridad vial y, en menos medida pero bastante cerca, delitos de lesiones y aquellos que atentan contra la libertad.

El caso es que no todos los delitos pueden ser juzgados justo cuando se precisa o requiere algunas de las partes. Básicamente, no se llevan a cabo cuando toca. Y, es que, aunque Almería no es la provincia española con más colapso judicial, también existe y tiene 64.622 asuntos pendientes.

Hay un total de 15.384 asuntos pendientes en la vía penal mientras que en la civil son un total de 36.237. Los juzgados de violencia contra la mujer (civil) tienen 570 casos pendientes pero, sin duda, los que más acumulan son los juzgados de primera instancia e instrucción (civil) con 18.767 casos. En la vía penal, destacan los 6.317 casos pendientes en los juzgados de primera instancia e instrucción.

La provincia cuenta con 26.489 casos ingresados en sus distintos órganos judiciales durante los nueve primeros meses del año. En Andalucía, Málaga lidera la litigiosidad con 81.873 casos, seguida de Sevilla (62.998), Cádiz (43.590), Granada (33.874), Córdoba (23.591). Huelva (18.308) y Jaén (17.072). Así lo recoge el informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales correspondiente al tercer trimestre de 2023, recogido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y consultados por este medio.

Los procedimientos penales (12.702) resaltan especialmente entre los números durante los primeros nueve meses del año. Los atendidos por los juzgados de primera instancia e instrucción fueron un total de 5.976, mientras que los de instrucción supusieron 3.930. Los juzgados de violencia contra la mujer recibieron un total de 1.468 ingresos.

En cuanto a los procedimientos civiles, los juzgados de primera instancia e instrucción también son los que más asuntos ingresaron, con un total de 5.509 casos.

La litigiosidad en el conjunto autonómico y nacional tampoco aminora

El conjunto de los órganos judiciales andaluces, así como de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, también experimentaron en el tercer trimestre de este año un incremento de la litigiosidad de un 7,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Los órdenes jurisdiccionales en los que más se incrementó el número de asuntos ingresados a nivel regional fueron el Contencioso-Administrativo y el Civil, mientras que en la jurisdicción Social y Penal también se incrementó pero en menor medida. Igualmente, a nivel regional tuvieron entrada 321.920 asuntos, cifra que supone un incremento del 7,3 % respecto al mismo trimestre del año anterior.

Durante este ejercicio, los tribunales españoles resolvieron 283.326 asuntos, un 2,7% más que hace un año. El número de asuntos que quedaron en trámite al final del trimestre, 747.814 en total, incrementándose un 15,2 % frente a 2022. La tasa de litigiosidad en el conjunto de España ha sido de 34,5 asuntos por cada 1.000 habitantes. Las regiones que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (44,5), Baleares (37,7), Andalucía (36,8), Cataluña (36,6), Madrid (36), Asturias (34,9) y Murcia (34,7). Los territorios con la tasa de litigiosidad más baja fueron País Vasco (23,2), La Rioja (26,3) y Extremadura (27,2).