"Cuando no hay justicia para el pueblo, no puede haber paz para el Gobierno". Con esta declaración de intenciones, el que fuera jefe de la Policía Local de Roquetas de Mar, Rafael Montoya, está dispuesto a remover todo lo que haya que remover en el Ayuntamiento de Almería. Exige responsabilidades patrimoniales y ser compensado, más allá de los 3.000 euros reconocidos, por el desalojo que sufrió veintiún años atrás de su tienda, una perfumería mercería con artículos también de regalo, de la que únicamente ha recuperado la vieja caja registradora y las 7.300 pesetas que contenía en su interior.

Su historia, una larguísima batalla legal, que Ciudadanos recriminó en el último Pleno, comienza en 1987. Montoya recibe un telegrama de la propietaria del local, en la calle Terriza. "Lo tenía alquilado con un contrato -explica- de renta antigua y de carácter indefinido y no se puede echar a los inquilinos, si el titular posee otras propiedades, como era el caso". Ante la negativa de abandonar la mercería, "la propietaria nos hizo un cerramiento con tableros dejándonos sin luz y sin ventilación", una actuación por la cual el Ayuntamiento abre expediente sancionador que es resuelto, a favor del inquilino, un año más tarde mediante resolución de Santiago Martínez Cabrejas.

Pero la propietaria, según relata Montoya, no se da por vencida. "Crea una escena falsa", afirma mostrando una antigua foto en la que aparece la fachada de la tienda apuntalada y, con Fernando Martínez como alcalde y Manuel de la Fuente en Urbanismo, obtiene el respaldo municipal para la declaración de ruina inminente del inmueble. "Es la técnica de la 'asustaviejas', el 'mobbing mobiliario' del que ahora se habla y al que antes le decíamos la 'patada en la puerta'". Solicita un interdicto y "se comprueba que tal ruina no existe, al menos en la parte de mi tienda". Sin embargo, el expediente de ruina continúa: "La propietaria se vale de parientes en el Ayuntamiento, del 'Hombre X', al que todos temen". Sea como fuese, Montoya recibe en 1994 una notificación de que tiene que desalojar de manera inmediata el local. "Mandaron cuatro policías, me sacaron a la fuerza y se llevaron todo. No son los cuatro botones como dicen. Había perfumes de Chanel y otras marcas de alta gama, bisutería de plata, bolsos de piel..., Se llevaron todo, el despacho, el aire acondicionado y hasta el hilo musical, saltándose todos los procedimientos legales".

La vulneración de los derechos constitucionales por no mediar la oportuna autorización judicial para que la Policía pudiera proceder al desalojo le ha sido reconocida a Montoya por los tribunales de Justicia por los que el caso ha pasado. La última sentencia, del Tribunal Superior, es de noviembre de 2011 y condena al Ayuntamiento al pago de 3.000 euros "por daño moral" y admite responsabilidades patrimoniales que el Consistorio aún no ha atendido. Entre otros motivos, porque, según el denunciante, el Ayuntamiento no encuentra las mercancías y enseres que debía haber custodiado. Solo la mencionada vieja caja registradora, que acumulaba polvo en la Tesorería Municipal y que le fue entregada a Montoya el pasado mes de junio.