Su objetivo principal era evitar la fuga de los jóvenes de los pueblos pequeños, la despoblación en los municipios del Interior, los más afectados por los movimientos migratorios, cuyo destino preferencial siempre ha sido las localidades costeras. Y en cierto modo, lo consiguió. La Empresa Provincial de la Vivienda (EPV), que cumple ahora 14 años (se constituyó en 1999), desaparecerá en breve. Así lo anunció hace unos días el vicepresidente de Diputación Provincial, Javier Aureliano García (PP), que señaló que este ente autónomo pasara a depender directamente de la Institución Supramunicipal, una fusión que terminará diluyendo el que fue el proyecto estrella del anterior presidente de la Diputación, Juan Carlos Usero (PSOE).

No en vano, el responsable socialista dotó a este organismo de un importante presupuesto económico, que superó con creces los 80 millones de euros durante sus cuatro años de gobierno, lo que posibilitó la construcción de decenas de promociones de viviendas protegidas en municipios menores de 20.000 habitantes. "Había mucha demanda de este tipo de viviendas porque las grandes promotoras no querían construir en los pueblos pequeños. Diputación hizo una gran labor con la Empresa Provincial de la Vivienda porque dio respuesta a las numerosas peticiones de los ayuntamientos pequeños", afirma Paqui Pérez Laborda, primera responsable de este organismo durante la legislatura de Usero y que ayer recordaba con añoranza la satisfacción que suponía "construir viviendas a precios asequibles en pueblos en los que llevaban años sin construirse ninguna".

La situación ha cambiado diametralmente con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Muchos de los vecinos que optaban a esas VPO finalmente tuvieron que retirarse porque las entidades financieras no aceptaron los préstamos. García ha señalado que ahora mismo la prioridad de la Diputación Provincial es vender las 73 casas que tiene actualmente colgadas. "En principio no va a construir más viviendas porque nos vamos a limitar a vender la bolsa de casas que aún siguen sin vender de promociones ya acabadas en varios municipios".

Actualmente la EPV cuenta con 73 viviendas con operaciones pendientes. Treinta de ellas están alquiladas, otras treinta vacías y las trece restantes están pendientes de entrega. Por municipios, las que están ahora mismo en régimen de alquiler se ubican en Chercos, Gádor, Albox y Bayarque; las que están vacías se encuentran en Gádor, Bayarque y Sierro; y por último, las que están pendientes de entrega a sus futuros propietarios corresponden a una promoción completa de 13 viviendas ubicadas en Abla.

Al final, ni la posibilidad de alquiler con opción de compra ha rentabilizado a una empresa que agoniza. Atrás deja cerca de un millar de viviendas construidas en más de sesenta municipios en apenas una década desde que comenzó a funcionar, durante el gobierno de José Añez (PAL).