Si la libertad comienza por una prohibición, como decía Jim Morrison, en el municipio de Mojácar, de poco más de 7.500 habitantes, ya han iniciado un camino sin retorno. Una serie de decisiones y normas polémicas se han sucedido en los últimos años hasta convertirse en el pueblo  de la prohibición. Unas medidas restrictivas lideradas por la alcaldesa Rosa María Cano y su equipo de gobierno del PP que han abierto el debate entre los vecinos sobre la conveniencia de frenar ciertos comportamientos a golpe de ordenanza o bien apostando por un cambio del modelo turístico. La oposición y los empresarios de restauración y hostelería consideran que se han superado todos los límites y la última normativa propuesta por la regidora, que esta mañana será aprobada en pleno a partir de las diez, ha superado todos los límites y es desproporcionada. La ordenanza reguladora del ruido causará perjuicios irreparables a la imagen de un pueblo  que se ha convertido en la meca de la movida nocturna de nuestro país. Detractores y partidarios de la batalla contra la juerga vuelven a chocar por una controvertida iniciativa de la alcaldesa una más porque han sido unas cuantas prohibiciones las que se han sucedido desde que Rosa María Cano se sienta en el sillón de la Alcaldía, tras ser investida en julio de 2011, la última de la provincia, al tener que esperar a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía porque los grupos de la oposición habían impugnado el voto por correo. La líder del PP mojaquero vetó el uso de aparatos de radio a los funcionarios en las dependencias municipales en horario de trabajo. Dicen que no hay mejor sordo que el que no quiere oír y a la licenciada en pedagogía parecían pitarle los oídos al ser criticada  por un medio de comunicación local. No lo toleró, al menos al personal del Ayuntamiento en las instalaciones municipales, y ya figuró en mayo de 2010 como una alcaldesa de armas tomar en los periódicos de tirada nacional. Antes tuvo sus más y sus menos por la grabación de plenos, otra de sus prohibiciones hasta que en diciembre del pasado año logró normalizar la situación. Lo hizo contratando a una empresa para la grabación y difusión del pleno en la web municipal. "No me agrada y me coarta hablar delante de una cámara, me resta libertad", reconoció la regidora tras explicar que lo hacía para evitar ser grabada por el marido de una concejala de la oposición que luego colgaba el pleno sesgando la información. Su actitud siempre ha sido despótica, a juicio de los grupos de la oposición, quienes vienen denunciando que no se celebran plenos ordinarios para evitar el turno de los ruegos y preguntas. El de enero no se hizo porque coincidía con Fitur y el de marzo porque era Jueves Santo. Al final se celebran las sesiones extraordinarias y a primera hora de la mañana, algunas incluso a las ocho, como el pleno en el que se aprobó la construcción de un polémico parking que cada vez que llueve se inunda. A esa hora ni público y casi ni oposición, los más madrugadores en privado. Otras de sus restricciones pasan por el botellón, la acampada de las caravanas y el traslado de los mercadillos. En uno de los plenos se marcharon Manuel Zamora, del PSOE y la portavoz de Mojácar Positiva Se Mueve, Jessica Simpson, porque le rogó a esta última que quitase un grafiti de la fachada de su tienda de piercing, algo que consideraron un ataque a su esfera más íntima. Y ahí no queda todo. Cuando más  apretaba la crisis decidió subirse el sueldo un 42%, desde los 30.550 a los 43.400 euros brutos al año, una decisión contraria a lo que venía aplicando en un ayuntamiento que comenzó la legislatura con una deuda de más de cinco millones de euros y más de 140 trabajadores. Entre las medidas de ahorro suprimió las máquinas de agua, materiales de oficina e incluso se frenó la impresión de folios. Prohibir, pero también recortar. Una dinámica que le llevó también a rebajar las fiestas patronales de 5 a 3 días y a suprimir la recepción navideña. Eso sí, la oposición critica que se permita al empresario Arturo Fernández, vicepresidente de la patronal, dejar sin pagar los más de 60.000 euros que debe por el IBI del hotel El Moresco. Karin Schroter Asociación de Empresarios Sin dominó  ni dados ni música en las terrazas, sin gritos en la calle y sin perros en balcones No se puede ser tan poco flexible, una caza de brujas, nos sentimos como delincuentes" Y hoy llegará la gota que puede colmar el vaso. La ordenanza que declara la guerra abierta al ruido indignará más de lo que estaban a los empresarios de la localidad. La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Mojácar (ACEM) ya trasladó hace unas semanas un escrito en el que señalan la situación de "acoso" que sufrían por la música en sus locales. La presidenta del colectivo, Karin Schroter, calificó de "arbitrarias" las medidas de restricción que les obligaban a "estar prácticamente en silencio". Han iniciado una recogida de firmas al creer que "esta vez se ha ido demasiado lejos, no se puede ser tan poco flexible, es una persecución, una caza de brujas, nos sentimos como delincuentes por el simple hecho de poner música". El socialista Manuel Zamora entiende que esta política de prohibiciones no atiende a razones y se debe sólo a "su carácter poco democrático". Asegura que es un peligro para un municipio turístico. "Se está cargando el pueblo". Al tiempo. Hoy será tierra de prohibiciones.