Las viviendas sociales estaban en Garrucha, Roquetas y Vícar

  • El vicepresidente asegura que el proyecto era inviable por "temas jurídicos" El PSOE lamenta que "vendieron humo" y no les han remitido el expediente

El proyecto para habilitar varios bloques de viviendas con un alquiler social de entre 100 y 120 euros al mes para familias en situación de desahucio propuesto por la Diputación Provincial de Almería en julio y que finalmente quedó descartado según aclaró en el último pleno el presidente de la Institución, Gabriel Amat, dio ayer un nuevo giro.

El Grupo Socialista denunciaba a primera hora en una rueda de prensa de su portavoz, Esperanza Pérez y el diputado Marcelo López, que el proyecto podía ser inexistente al denunciar que el equipo de Gobierno les había negado entregarles el expediente del mismo.

Hora y media después, el vicepresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, respondía al PSOE aprovechando la tradicional rueda de prensa tras la Junta de Gobierno. García ha desvelado que el proyecto era "real" y ha especificado que se mantuvieron negociaciones con la entidad bancaria Cajamar propietaria de tres bloques de viviendas en La Envía Golf (Vícar), Roquetas de Mar y Garrucha. Datos que hasta el momento no habían trascendido y que la oposición les había requerido en varias ocasiones.

García también explicó que las negociaciones estaban bien encaminadas pero que se truncaron cuando Intervención y técnicos de la Diputación "nos aseguraron que el proyecto no era viable por temas jurídicos".

Esperanza Pérez ha denunciado la "falta de rigor" del equipo de Gobierno y que deje de "vender humo", anunciando iniciativas en las que, después, los diputados "ni siquiera se ponen a trabajar, porque son conscientes de que es imposible que salgan adelante".

Una situación que a juicio de Pérez "no es la primera vez que sucede algo así" y ha recordado el Consorcio de Extinción de Incendios que la Diputación iba a promover en el Almanzora. "Lo han estado vendiendo a bombo y platillo sabiendo que era imposible ya que muchos de los ayuntamientos implicados no pueden consorciarse, por estar acogidos a planes de ajuste", ha lamentado la portavoz socialista.

García se ha defendido señalanando que en todo momento Amat "no ha mentido" con las viviendas sociales y ha incidido en que "primero se perfiló políticamente el proyecto y al trasladarlo a los servicios jurídicos nos lo denegaron".

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