Condenan a dos años de cárcel al acompañante de una paciente por agredir a un ginecólogo

  • El acusado irrumpió en el despacho del especialista mostrando una gran irritación por el prolongado tiempo de espera y le propinó una patada que le provocó policontusiones de diversa consideración

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El Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga ha condenado a dos años de prisión al acompañante de una paciente que agredió física y verbalmente a un médico de urgencias del Hospital Clínico Virgen de la Victoria de Málaga, al que le propinó una patada que le provocó policontusiones de diversa consideración.

Según informó hoy el Colegio de Médicos de Málaga, entidad cuya asesoría jurídica ha defendido este caso por vía del letrado José Enrique Peña, el propio galeno agredido, Diego González Garrido, ha mostrado su satisfacción por la condena conseguida en este caso.

De hecho, el propio presidente de Colegio malagueño, Juan José Sánchez Luque, recordó la respuesta que suscitó este caso entre los propios compañeros del agredido, "que se echaron a la calle para pedir respeto y dignidad para la profesión médica y que hechos como estos no deben volver a repetirse".

El doctor González Garrido, ginecólogo del Hospital Clínico con tres décadas de experiencia profesional a sus espaldas, calificó el incidente como "el más lastimoso de toda su carrera profesional" y agradeció a sus compañeros de trabajo y profesión el apoyo que le mostraron en su día y durante todo este tiempo de espera.

Peña declaró por su parte sentirse "muy satisfecho" con la condena obtenida en este caso, que calificó de "ejemplarizante" y conminó a todos los facultativos que sean víctima de atropellos en sus consultas que denuncien los hechos y busquen asesoramiento jurídico especializado en sus colegios profesionales.

Los hechos se remontan al pasado 26 de abril de 2006 en las Urgencias del citado hospital malagueño, cuando la esposa del agresor esperaba los resultados de unas pruebas diagnósticas. Al llegar su turno de consulta Manuel O. S., irrumpió con su pareja en el despacho del ginecólogo mostrando una gran irritación por el prolongado tiempo de espera y, sin atender a las explicaciones del especialista, ni a las llamadas a la calma de su pareja, inició una discusión a gritos, por lo que el facultativo le pidió que abandonara la consulta.

El juez considera probado que entonces, "y sin mediar actitud hostil ni exceso verbal alguno por parte del ginecólogo", Manuel O. S., propinó un puñetazo en la cara y una patada en el estómago al facultativo., de tal magnitud "que en la bata blanca del médico quedó impresa la huella de la suela del zapato del agresor", agrega el Colegio Médicos.

A consecuencia de los golpes el médico sufrió policontusiones, una lesión en el tercer dedo de la mano derecha, contusión abdominal y del hombro izquierdo y escoriaciones que le mantuvieron de baja más de una semana. El Servicio de Medicina Preventiva del hospital, que evaluó la situación del facultativo, aseguró que el doctor sufrió tras la agresión "una situación anímica que alterna períodos de tristeza y desconcierto con otros de cierta ansiedad" por lo que precisó "tratamiento ansiolítico".

Al menos tres testigos del hospital declararon que la paciente y esposa del agresor trató de separarlos resultando también herida en su intento, pero fue finalmente un celador el que "trabó y sacó a la fuerza al agresor de la consulta". Tras ser expulsado de la misma, Manuel O.S., "propinó un puñetazo al cristal de una puerta atravesándolo, hiriéndose y sangrando abundantemente, por lo que tuvo que ser atendido en las urgencias tras desmayarse".

El agresor alegó en su defensa "los nervios de la prolongada espera y una supuesta actitud hostil del médico que no pudo ser comprobada en ningún momento, ni corroboró ningún testigo de los hechos".

En su sentencia, el magistrado destaca que "la situación de angustia y espera que se vive en los hospitales no puede justificar, en forma alguna, las agresiones a los profesionales que desempeñan su actividad en los mismos" y condena al agresor a un año y seis meses de privación de libertad por un delito de atentado contra la autoridad y otros seis meses más por un delito de lesiones atendiendo a "la gravedad de los hechos enjuiciados". Igualmente le impone el pago de las costas judiciales y el pago de una indemnización de 600 euros a la víctima.

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