La Fiscalía cierra el pacto con los ex ediles del GIL sobre delitos urbanísticos

  • El Ministerio Público ofrece penas de 6 a 12 meses por licencia irregular · En total cumplirían entre 18 meses y tres años

Los ex concejales del GIL de Marbella imputados en varios procedimientos urbanísticos tendrán que pisar la cárcel para evitar que se celebren los más de 70 juicios que hay todavía pendientes. Ésa es la propuesta que ha hecho la Fiscalía para cerrar el acuerdo de conformidad con los ex ediles, que deberán "asumir su responsabilidad" en la concesión de licencias ilegales si desean conformarse con condenas que oscilarán entre los seis y los 12 meses de cárcel por delito, como adelantó este periódico. En la práctica, las penas totales oscilarán entre los 18 meses y los tres años de prisión porque el delito urbanístico se considera conexo y el Código Penal establece que no se puede cumplir el triple de la pena impuesta.

Fuentes fiscales dejaron claro ayer que la cárcel no podrá ser "sustituida" por una multa y reiteraron que se contemplan tres condenas diferentes de seis, nueve y doce meses de cárcel por delito contra la ordenación del territorio en función de la Corporación a la que pertenecieron los acusados. Así, el equipo de gobierno que saldría más perjudicado sería el que presidió el Consistorio entre 1995 y 1999, ya que en ese mandato se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1998 en el que se amparaban las licencias ilegales de la era GIL.

Aunque los abogados de los imputados no conocerán el documento de la Fiscalía hasta el próximo 8 de mayo, ayer mostraron cierta cautela a la hora de hacer valoraciones sobre el mismo. "Habrá que concretar caso por caso y ver cuál es la situación de cada uno de los imputados", apuntó Ernesto Osuna, que se ocupa de la defensa de los ex ediles Rafael González, Manuel Calle y Pedro Román. Osuna señaló que algunos de ellos ya ingresaron en prisión por delitos urbanísticos, por lo que tendrían "muy avanzado" el cumplimiento de las penas que les corresponden. Fuentes de la Fiscalía Superior de Andalucía apuntaron ahora hay que concretar en qué grupo se engloba a cada imputado.

Osuna señaló que el pacto que ofrece la Fiscalía es "razonable" porque los juzgados de Málaga podrían sufrir un "auténtico colapso" al tener que celebrar, según sus cálculos, casi un centenar de juicios por delitos contra la ordenación del territorio, y apuntó que "un buen acuerdo es aquél que no satisface del todo a las dos partes".

La defensa del ex alcalde, Julián Muñoz, eludió hacer apreciación alguna a la propuesta del Ministerio Fiscal hasta que no conozca a fondo todos los pormenores del escrito. Otros letrados consultados indicaron que "aún queda mucha faena" antes de que se pueda rubricar el acuerdo, porque "tendremos que saber cómo se va a instrumentalizar todo esto, y comprobar si se cumplen todas las condiciones que habíamos puesto sobre la mesa".

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