La juez envía a prisión al alcalde de Alcaucín, que renuncia a su acta de edil

  • El adjunto al jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga también ingresa en la cárcel

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El alcalde de Alcaucín (Málaga), José Manuel Martín Alba, fue enviado ayer a prisión, sin posibilidad de fianza, por la juez Irene Urbón, que investiga el caso Arcos contra la corrupción urbanística en La Axarquía. La titular del Juzgado número 3 de Vélez-Málaga también ordenó el encarcelamiento del jefe de servicio adjunto de Arquitectura de la Diputación de Málaga, José Francisco Mora Lampérez. Martín Alba había firmado horas antes su renuncia al acta de concejal, tal como le había demandado la dirección del PSOE, partido del que fue expulsado tras su detención. Ambos fueron trasladados a prisión por la Guardia Civil pasadas las diez y media de la noche.

Al alcalde, que fue detenido el pasado viernes junto con otras 12 personas en el marco de esta operación contra corrupción urbanística, se le imputan los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, prevaricación urbanística y falsedad documental. Martín Alba llegó al juzgado para declarar ante la instructora del caso sobre las 16:00 entre aplausos de una treintena de vecinos que se encontraban en las puertas de las dependencias judiciales.

En cuanto al otro implicado en la trama y cuyo ingreso en prisión también fue ordenado por la juez, su declaración tuvo lugar por la mañana. A Mora Lampérez se le imputan inicialmente los delitos de cohecho, falsedad documental y prevaricación urbanística.

Cuando ambos salieron en dirección a la cárcel en un vehículo de la Guardia Civil, unas 80 personas que los esperaban gritaron frases de ánimo para los dos. Desde la defensa del arquitecto aseguraron que "no hay motivos" para la medida tomada, que es "absolutamente innecesaria", por lo que recurrirán la resolución, al tiempo que añadieron que los hechos "no revisten la gravedad de lo que puede deducirse".

También en la jornada de ayer comparecieron ante la instructora del caso el aparejador municipal F.L., quien quedó en libertad sin fianza, imputado por el delito de prevaricación urbanística. Respecto al asesor P.J.G., que también compareció por la mañana, la juez Urbón decretó su libertad provisional sin fianza y prohibición de salir de España, estando imputado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio.

La juez dejó ayer en libertad a las seis personas a las que tomó declaración. Dos de ellas quedaron sin medidas cautelares, pero imputadas, y a otras impuso fianzas de entre 20.000 y 130.000 euros, además de prohibir su salida de España.

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