La palabra de la semana es Koldo. La segunda, dimisión. Los indicios y algunas pruebas indican que Koldo, el ex asesor del ex ministro Ábalos en el Ministerio de Transportes, es un espécimen de la familia de los pájaros ibéricos, aunque su RH baracaldés sea negativo. Aizkolari de hacha afilado, ex escolta y ex segurata y, al fin hoy, comisionista en libertad provisional por cobrar presuntamente comisiones ilegales en la venta de mascarillas –que no se pudieron utilizar porque eran defectuosas– al propio Ministerio, al de Interior y a otras comunidades autónomas gobernadas entonces por el PSOE. Se le atribuyen posibles delitos de tráfico de influencias, cohecho y pertenencia a organización criminal.

Desgraciadamente, nada nuevo. De estos moran muchos a derecha e izquierda y todos operan bajo el mismo blasón: llevárselo calentito. Lo acompañan en la penitencia penal otras 19 personas implicadas en la trama. Y lo que queda por ver porque ya empiezan a aparecer en los sumarios y las investigaciones policiales otros nombres de políticos, de conspicuos empresarios y demás actores y cooperadores necesarios. Incluso en el sumario se recoge a Koldo García afirmando que había hablado con el portavoz el PP en el Congreso, Miguel Tellado, para que interviniera ante el Gobierno balear, aunque posiblemente lo dijo cuando ya sabía que la Policía tenía pinchado su teléfono. La telaraña se elonga: mascarillas, dinero público para rescatar empresas quebradas, apps de telefarmacia declaradas ilegales, ensayos para convertir en paraísos inmobiliarios pueblos de la España vacía. Y algunas cositas más que aguardan agazapadas en algún cajón, vídeos incluidos, fotos, fiestas en plena pandemia y otras monerías para coleccionistas de escándalos de la España corrupcutre.

Marca Siglo de Oro

España no es un país corrupto en sentido estricto. Figura en el puesto 60. Por debajo hay 120 países más corruptos en el Índice de Percepción de Corrupción (que utiliza trece fuentes de datos y el análisis de expertos de todo el mundo) de 2023 elaborado por Transparencia Internacional. Estamos detrás de Botswana y delante de San Vicente y las Granadinas. Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda son las naciones menos corruptas: igual tiene algo que ver con sus elevados índices de desarrollo. A la cola, el Congo y Guinea Bissau, que no deberían ser nuestros espejos en el triste ejercicio del autoconsuelo. De los grandes países de la UE, sólo Italia está peor colocada que España.

Pero esto, como todo, es según se mire. Una cosa es la corrupción más común en países subdesarrollados, en los que el ciudadano engrasa con unos billetes a un policía en la calle mientras hay presidentes y ministros abriendo cuentas millonarias en paraísos fiscales. Países donde se expolian empresas públicas y, literalmente, se venden los recursos más valiosos del país a mafias organizadas y conglomerados empresariales con lucro personal de los dirigentes de la nación. Otra cosa es lo de España, un país donde los pillos siguen abrevando cerca del poder político para llevarse lo que puedan pero no hay una corrupción estructural, aunque sí lamentablemente más tramas de las que imaginamos. Lo de las mascarillas es para el sillón del psicoanalista. Básicamente se puede afirmar que todas las administraciones fueron estafadas por los piratas del covid, esa legión de canallas que se lanzó al robo y al engaño público mientras el país estaba cerrado y los ciudadanos morían a miles en hospitales colapsados. La de comisionistas que han florecido al amparo de la pandemia no nos retrata como país, faltaría más, pero sí perfila a las claras la existencia de un bípedo hispano inescrupuloso, vividor y sinvergüenza, un hampa que medra alrededor de los partidos y que llena la talega cada vez que pasa cerca de una caja pública. Marca España siglo de Oro. Y eso es lo más desalentador: volver a sentir el hedor de la corrupción en la vida pública española.

Dimitir, ese verbo

La palabra dimisión guarda relación con Ábalos. Los partidos y algunos políticos –generalizar siempre es mentir– han ido estrechando los límites de la ética hasta dejarlos en el punto justo en el que parezca que la única causa de una dimisión debe ser la responsabilidad penal y si llega el caso, aunque sea por imposibilidad fáctica de acudir al trabajo, la cárcel. Y algunos ni eso: hay que sacarlos con fórceps.Es lamentable, aunque práctica extendida, que un político desprecie manifiestamente a sus votantes, a los ciudadanos en general y a las instituciones aferrándose al cargo cuando algún asunto reprochable es de su incumbencia y responsabilidad. Ese compromiso con sus representados debería ser el primer motivo y no el último para abandonar un cargo cuando te persigue la sospecha o directamente la indignidad. Cuando una sentencia firme te obliga a dimitir ya no tiene gracia. No es una dimisión, es una destitución por imperativo legal. Entre la ley y la ética hay margen suficiente para hacer lo correcto.

La lealtad con el partido que te ha colocado en un puesto de salida es otra razón poderosa para no extender tu problema personal a tus siglas, si es que es posible. Algunos creen que cuando son elegidos diputados se debe a su prestigio entre su comunidad y a los méritos contraídos. Con el sistema de listas cerradas actual es absurdo creer en los Reyes Magos. Pero hay gente a la que le gusta engañarse. Claro que muchas veces se desatan cacerías sin base, pero no es el caso de Ábalos, que ya está señalado por un juez como “intermediario” en una de las ramificaciones vinculadas a los chicos de Koldo, el superasesor designado por él mismo –Koldo chico para todo, incluso para custodiar los avales de Pedro Sánchez en las primarias–, un epifenómeno que promete días de gloria y que también colocó en el ministerio a su mujer y su hermano.

El entorno de confianza, tocado

El caso Ábalos –Koldo es el peón que cae en el primer movimiento– le ha hecho fosfatina, encadenando otra semana tras el batacazo gallego. El problema para Pedro Sánchez es que por primera vez cargos de su entorno cercano, de su círculo de confianza, son tocados por la corrupción. Ábalos era uno de los cuatro que iba con él en el Peugeot recorriendo España. Los socialistas aún tienen un quinario pendiente porque las informaciones van a seguir acumulándose, la oposición mordiendo como muerde el PSOE en los casos que afectan al PP, y los medios agitando cada detalle; cuanto más sórdido, mejor.

Sánchez defraudó en su comparecencia del Congreso ante las preguntas de Feijoo. De un presidente se espera algo más que sacar el manual de reciprocidades corruptas del PP, por ciertas que sean. No hubo explicaciones ni alguna reflexión de altura sobre la corrupción como gangrena del sistema. Los socialistas aventajan al PP al menos en soltar lastre rápido. Les tiembla menos la mano. Pero hay algo que nadie ha explicado aún y posiblemente en esa incógnita se encierran michas respuestas: ¿por qué decidió Sánchez rehabilitar políticamente a Ábalos –primero enviándolo a tertulias de televisión y después haciéndolo diputado– tras habérselo apiolado como ministro y número dos del PSOE? Lo sacó sin más explicaciones y lo reincorporó súbitamente. Que se haga la luz.

Combustión o zozobra

El Gobierno tiene por delante tres retos claves y a la vez muy complicados: cerrar cuando pueda y como pueda el caso Ábalos, pactar con Junts la amnistía (dicen que avanzan) y aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Hay un movimiento en Cataluña interesante de observar. El PSC va a alargar el mandato de Pere Aragonés y ERC aprobándole los presupuestos (aunque faltan aún los votos de Colau), lo que le permite retener el apoyo de los independentistas republicanos en Madrid. La legislatura combustiona cada dos semanas. Y ya no se sabe si va a arder todo en breve o se va a mantener en un estado de zozobra e inestabilidad permanente.

El Grupo Mixto como paradigma

El Grupo Mixto reproduce parte del descontrol y el estado de la legislatura. Comenzó con tres diputados (UPN, Coalición Canaria y BNG) y ya va por ocho. Se sumaron los cuatro de Podemos escindidos del bloque de Sumar y ahora Ábalos, que se representa a sí mismo. El reglamento del Congreso limita las intervenciones del Grupo Mixto a través de un solo diputado y con el mismo tiempo que los demás grupos parlamentarios, pero para eso es necesario que todos sus integrantes estén de acuerdo. Si no hay acuerdo, ningún diputado de ese grupo podrá intervenir por más de la tercera parte del tiempo establecido para cada grupo y con un máximo de tres diputados alternándose en la tribuna. Absolutamente inhábil aunque divertido sí que va a ser.