La feria de turismo de Madrid es una golosa caja de resonancia. Fitur se convierte en una alfombra de vanidades, en la que capitostes locales, provinciales y regionales se exhiben para sus parroquias domésticas, acarreando a su prensa local para que les saquen guapos en las fotos. El presidente de la Junta de Andalucía participó allí el miércoles en un simulacro de reunión informal con sus colegas de Murcia, Valencia y Castilla La Mancha. Lo han llamado la conjura de Fitur, pero en realidad fue una conspiración de polichinela; hasta hubo que espantar a los presidentes de La Rioja, Extremadura y Melilla, que revoloteaban nerviosos alrededor de tanta cámara presente. Pero aquello era sólo para las cuatro comunidades claramente perjudicadas por el actual sistema de financiación autonómica, aprobado en 2009 bajo el mandato de Zapatero.

Se repite mucho que el Consejo General del Poder Judicial lleva cinco años caducado. Pero esta financiación fue establecida por ZP para cuatro años y durante diez años los Gobiernos de Rajoy y Sánchez han sido incapaces de renovarla. Para Andalucía fue una calamidad; con su entrada en vigor, las transferencias recibidas del Estado bajaron de golpe cinco puntos por debajo de la media nacional y esa ha sido la constante en la última década. La actual ministra de Hacienda, cuando era consejera del ramo en Andalucía, estableció en 4.000 millones el déficit anual de la comunidad. Y en su programa electoral de julio, los socialistas se comprometieron a renovar el modelo en el plazo de un año. Ambas cosas parecen ahora inalcanzables.

El actual Gobierno andaluz ha perfeccionado el sistema de búsqueda de agravios con los que culpar al Gobierno central que ya usaron Chaves y Díaz contra Aznar y Rajoy. Hoy día se exagera hasta la náusea, como el falso liderazgo económico de la región con más paro y menos PIB per cápita de España. Así que cuando Moreno Bonilla dice algo con fundamento parece el mismo postureo de siempre. Pero no; la Federación de Estudios de la Economía Aplicada, FEDEA, acaba de ratificar una evidencia estadística: estas cuatro comunidades tienen un déficit anual de 3.277 millones de euros, de los que 1.409 corresponden a Andalucía.

Viejo problema. Desde principios de siglo, sólo entre 2003 y 2007 la financiación de Andalucía ha estado ligeramente por encima del promedio. Los cálculos se hacen por habitante ajustado. La base para repartir los fondos es la población, pero se ajusta con variables como la dispersión geográfica, la edad o el gasto en servicios públicos. Cómo ponderar unos u otros es la discusión que enfrenta a las comunidades del sudeste contra las del noroeste. Y después está la influencia política de los territorios. Los fondos estatales o europeos se desvían de manera discrecional a proyectos catalanes o madrileños, mientras grandes infraestructuras hidráulicas o ferroviarias andaluzas son desatendidas por sucesivos gobiernos de distinto signo. Eso sí que parece una conjura.