Se pongan como se pongan Rajoy y Montoro, el Gobierno andaluz que preside Susana Díaz va a seguir adelante con las oposiciones que ha programado para reforzar los servicios públicos con más de 8.000 plazas de nuevo ingreso.

Coincide esta decisión con otras medidas que van encaminadas a restituir totalmente los derechos suspendidos a los empleados de la administración pública como consecuencia de la aplicación de las medidas de estabilidad impuestas por el Estado en el año 2012. De esta manera, se está procediendo a la recuperación, entre otros derechos, de las pagas extra y la jornada laboral de 35 horas semanales o al desbloqueo de los procedimientos de promoción interna y concurso de traslados de la Junta.

Esta determinación, sin embargo, no se ve con buenos ojos en el PP. Aunque parezca difícil de creer, desde el Gobierno central se ha amenazado con paralizar la oferta de empleo público andaluza si no se aprueban los Presupuestos Generales del Estado. En lugar de buscar a sus semejantes políticos y negociar con ellos, el PP pretende utilizar como moneda de cambio a los ciudadanos: a aquellos que se están preparando para opositar y que no merecen que se les ningunee y a la ciudadanía en general, que es, al fin y al cabo, la que sale siempre perdiendo cuando se maltrata el empleo público. Frente a un PP que no cree en los servicios públicos y que, con la excusa de la crisis, en los últimos años ha intentado reducirlos a su mínima expresión, los socialistas tenemos nuestra bandera en la sanidad y la educación públicas. Por eso hemos batallado para salvaguardarlas de los ataques de la derecha y por eso, en cuanto la situación económica lo ha permitido, hemos iniciado la batalla, no sólo para recuperar los derechos de los empleados públicos, sino también para reforzar los servicios públicos con una mayor oferta de plazas. En resumidas cuentas, la oferta de empleo público está justificada jurídica y presupuestariamente y va a redundar en una mayor calidad del empleo de los profesionales públicos de la Junta y en el reforzamiento de los servicios públicos. Por eso se van a convocar las 8.000 plazas anunciadas. La Junta tiene todos estos motivos para seguir adelante con las oposiciones, mientras que las razones del Gobierno central seguimos sin escucharlas, porque son inconfesables.