La ley de amnistía que tumbaron los siete diputados de Carles Puigdemont era tan generosa que incluía también los delitos de terrorismo, excepto aquellos que “de forma manifiesta y con intención directa” hubieran causado violaciones graves de derechos humanos (muerte, tortura, trato degradante).

A Puigdemont le parecía que esa amnistía no era integral. Mayormente porque no garantizaba la impunidad de la persona que más le importa: él mismo, debido a las investigaciones y autos del juez García-Castellón. Realmente al prófugo de Waterloo solamente le satisfaría una ley cuyo artículo primero rezara así: “Se amnistían todos los delitos que pudiera haber cometido durante el Procès el Honorable President de la Generalitat, Carles Puigdemont y Casamajó”.

Por eso sus siete disciplinados parlamentarios votaron en contra del texto “impecable” cocinado por el ministro Bolaños. Su recelo ha aumentado, lógicamente, cuando la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en plan unánime ha hecho suyo el razonamiento del magistrado García-Castellón y asumido la investigación contra Puigdemont por presunto delito de terrorismo en relación con los disturbios de 2019 y el movimiento Tsunami Democràtic que los organizó y perpetró.

Parece que Puigdemont se saldrá con la suya y la ley será retocada para su mayor seguridad, y no me refiero a la seguridad jurídica, sino a la seguridad de que Puigdemont recibirá la medida de gracia. Quien aún lo dude es que no conoce bien la determinación y necesidad de Pedro Sánchez. La determinación para hacer lo que haya que hacer y la necesidad de los siete votos independentistas para asegurar la continuidad del autodenominado Gobierno de coalición progresista.

La extensión sin límites de la amnistía parte de una premisa proclamada por Sánchez que es un sofisma: “Todos sabemos que el independentismo no es terrorismo”. Es la monserga tradicional del secesionismo, para el que todo aquello que hicieron, destrozaron, asaltaron y quemaron fueron manifestaciones de la sagrada libertad de expresión. Repitamos otra vez: Puigdemont no ha sido perseguido por sus ideas independentistas, sino por sus presuntos delitos. Puedo estar de acuerdo en que no fueran auténticos actos terroristas, pero mi opinión no es relevante. Tampoco la de Pedro Sánchez. En la democracia son los jueces los que deciden estas cosas.