La meritocracia como sistema de convivencia, se ha predicado desde que existe memoria. Aparece en la poesía homérica, la defienden Platón y Aristóteles, y luego Locke o S. Mill, para consagrarla, acaso por siempre, el neocapitalismo arrollador del S. XX. En su dimensión social, la teoría se alza sobre la máxima de que lo justo es que cada uno reciba lo que se merezca: que el esfuerzo y el talento individual, regulen lo que cada cual tenga. Y desde su perspectiva política resulta inobjetable que nadie quiere gobernantes iletrados, porque, ¿quién lo hará mejor que una elite  experta para afrontar los problemas? No faltan críticos que, como M.J. Sandel, alerten que esa retórica del ascenso talentoso tiene su lado oscuro porque fomenta la desigualdad o porque se parte de una situación histórica que, por cuna, cultura o dinero, vicia la objetividad del mérito real: nunca partimos con iguales medios. Y a más y peor, es que, aun con recursos análogos, las diferencias finales acaban abonando desvaríos morales como la soberbia del triunfador y el resentimiento en el resto, que nos polarizaría. Crítica bien armada pero que no resuelve el dilema de que si el meritoriaje, según la RAE, es adjudicar la función de gobernar en base a los méritos personales y no de otras variables obscenas: ¿cómo disentir de tal sistema? Y ahí surgen otras voces como la del profesor F. Longo que apela ante todo a interiorizar una visión no individualista del éxito: nadie debe el éxito solo a sí mismo. Y a que la base estaría tanto en identificar qué se entienda como capacidad o mérito, midiendo cada habilidad según el fin (porque un buen jurista puede ser un mal ecónomo o viceversa), como en apostar por una educación que ofrezca a todos, desde la infancia, una vía análoga para desarrollar el talento y estimular el esfuerzo. Tampoco explica, ay, cómo lograr tal utopía. Así que solución fetén quizá no exista, pero por empezar con algo me pregunto: ¿Y si se reforzara la transparencia de oposiciones, concursos y subvenciones, reforzando su igualdad, capacidad y mérito, para reducir o suprimir las dádivas y puestos de libre designación política? ¿Y si se blindara la independencia de Inspectores Tributarios y Jueces, que eviten las designaciones a dedo? Así se achicaría el espacio tentador de las corrupciones, al menos en el ámbito administrativo. De la selección de políticos por mérito, ni hablo, ni veo solución.