Este estival 23 de julio puede ser un momento de esperanza y alegría sí los resultados electorales sirven para rectificar y cambiar el rumbo hacia el diálogo y el entendimiento de lo que ha sido la XIV Legislatura de las Cortes Generales en donde se ha producido una involución populista, desde el Consejo de Ministros, con matices de nepotismo en la división de poderes del Estado constitucional de 1978 con técnicas de la burocracia maquinal, que lo han aminorado en sus verdaderos y auténticos sentires democráticos de respeto a la soberanía del pueblo español. Sí la XV Legislatura, desde la concordia, no sirve para derogar leyes que hipotecan de forma sutil las libertades públicas, la prosperidad económica y la seguridad de los ciudadanos en el territorio nacional, nada debería de extrañarnos, que en la cervantina España se llegase a una situación, aún peor, que lo acontecido en la república francesa como consecuencia de políticas públicas, cuyo resultado no han impedido, ante un hecho luctuoso, no deseable, evitar el vandalismo contra el prójimo y el patrimonio. La prosperidad no solo pasa con la bajada de impuestos, sino reconstruir el Estado de Derecho, con un examen ordenado de las Administraciones Públicas dirigido a racionalizar su estructura y funciones, así como la de los diferentes organismos y entidades pertenecientes al sector público español, suprimiendo los innecesarios. Hay que reestructurar la Administración, ante el elevado gasto público estéril y de ineficacia operativa y técnica de ministerios, secretarias de estado, direcciones generales y asesores, que son herramientas de divulgación ideológica con el peculio de todos los españoles y dedicar estos fondos del erario público a la sanidad, la dependencia, la seguridad y defensa, infraestructuras, y, por supuesto, a las familias que llegan al final del mes con la ayuda de Cáritas, Banco de Alimentos o la Cruz Roja. No más subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y patronal. Que se sostengan con la financiación de sus afiliados o socios. En unión con el Tribunal de Cuentas y el Ministerio Público se hace necesario una Oficina Nacional de lucha contra el Fraude y la Corrupción, que garantice la independencia en la Función Pública, mejorando los mecanismos y portales de transparencia, canales de denuncia y rendición de cuentas para prevenir la corrupción en la Administración con el dinero de los españoles.