Cuando estamos en epílogo de la XIV Legislatura de las Cortes General, que comenzaron un aciago día de Santa Bárbara, 3 de diciembre de 2019, tras no poder conciliar el sueño pesadilla, el Consejo de Ministros con estrés gubernamental en la gestión pública y gobernanza, como ha sido lo habitual y tras dos mociones de censura, aprueba un Real Decreto – ley, que bien podría ser calificado académicamente con el aforismo latino: “totum revolutum”.

Baste con leer la sinopsis de la disposición legal de obligado cumplimiento en el Reino de España publicada en el Boletín Oficial del Estado el día 29 de junio: Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea.

Pero sí acudimos a la consumación “in vitro” de la referenciada normativa en la antigua Gaceta de Madrid, que se concentra en otro párrafo mayestático para determinar la plenitud de su operatividad burocrática, nos encontramos con otro cuadro de Excel para rematar la faena normativa con la misma aridez literaria y compulsiva que se hace gala en el político prólogo justificativo de las 224 páginas numeradas y mecanografiadas. Así, la Disposición Final Novena, ¡nueve disposiciones finales!, determina la entrada en vigor de esta norma en un entresijo de fechas.

Lo que debería de ser un mecanismo excepcional y urgente se ha transformado con el aval de otros poderes y órganos consultivos del Estado en algo habitual en lo que significa que la soberanía del pueblo español no reside en las Cortes Generales sino en el Consejo de Ministros, esgrimiendo elementos peregrinos de que se nos puede multar por no haber realizado en tiempo y forma la trasposición de directivas de la Unión Europea a nuestra normativa nacional, lo que conlleva esta mala praxis institucional, que un mecanismo extraordinario se haya convertido místicamente, especialmente, en esta Legislatura, en lo ordinario, en el día a día y con la habilidad sutil en su dinámica mediática.