La autonomía andaluza cumple 37 años y el balance de lo conseguido en este tiempo no puede ser más positivo. En 1981 estábamos muy lejos del resto de España, con una tasa de analfabetismo, por ejemplo, que triplicaba la del conjunto del país. A día de hoy, la tasa bruta de graduación universitaria en nuestra comunidad equivale a la media de España. En este tiempo hemos conseguido mucho, pero no podemos conformarnos. En este sentido, es de agradecer que el Gobierno andaluz tenga clara su hoja de ruta, la cual pasa por fortalecer los cimientos del Estado de Bienestar, cuyo rostro más visible son nuestros hospitales, nuestros centros de salud, nuestros colegios e institutos y nuestros centros de día. Andalucía puede presumir de ser la comunidad que más dependientes atiende en toda España, pero no se conforma: el Gobierno de Susana Díaz ya ha anunciado un plan de choque para incorporar a nuevos dependientes y seguir reforzando el liderazgo nacional, toda una hazaña si se tiene en cuenta que la Junta esté financiando este servicio prácticamente a pulmón, pese a que el Estado está obligado por ley a aportar el 50%. Es cierto que el desempleo sigue siendo un lastre para que Andalucía despliegue todo su potencial, pero el futuro resulta esperanzador, ya que estamos bajando las cifras de paro a más velocidad que el resto de España. Todo ello se está consiguiendo a pesar del agravio que padecemos los andaluces en el reparto de la financiación y de las prácticas insolidarias que realizan otras comunidades autónomas y a las que habría que poner fin cuanto antes, como es el caso del 'dumping' fiscal. España tiene un importante reto por delante: resolver las tensiones territoriales que se han producido en los últimos tiempos. Y, en ese contexto, Andalucía está llamada a jugar un papel protagonista, impulsando un pacto federal, cooperativo y social, basado en el reconocimiento y en el respeto de las singularidades de los distintos territorios, en la solidaridad y en la igualdad. Este próximo 28-F debe ser una jornada en la que reflexionemos sobre estas cuestiones y en la que mantengamos viva la llama reivindicativa, especialmente en un año en el que, además, se cumple una década de la aprobación del Estatuto de Autonomía de 2007 que nos permitió blindar servicios públicos esenciales como la salud y la educación para afrontar la crisis económica con las máximas garantías.