Lo dijo Borja Samper y estoy plenamente de acuerdo con él: todas las lenguas reconocidas en la Constitución son lenguas españolas y, por lo mismo, lenguas de todos los españoles. Otra cosa es que las hablemos y/o las entendamos, o no. Personalmente me gustaría conocerlas y por eso me arrepiento de no haber aprovechado mi oportunidad, habiendo vivido varios años en Valencia, de haber aprendido valenciano/catalán. Me equivoqué. Pero son de todos. Desde mi punto de vista es una lástima que haya quienes no compartan esa perspectiva y se empecinen en mantener posiciones dogmáticas que suponen un franco desprecio de las lenguas que caen fuera de su estrechez de miras. Parto del derecho que tiene todo español de expresarse en la lengua que prefiera de entre las suyas. Pero también parto del hecho de que los actos de lengua tienen como finalidad primordial la comunicación. No buscar esa finalidad supone negar ese objetivo básico. Supongamos que en ese lugar tan concurrido del Congreso, la cafetería, coincidieran y entablaran una conversación unas personas procedentes de Andalucía (preciso: de Cádiz), Galicia, Euskadi y Cataluña. ¿Tendría el mínimo sentido que cada uno de ellos, haciendo uso de su derecho, se expresara en su propia lengua? ¿Qué estarían haciendo? ¿Hablar o cotorrear? Creo que el sentido común les haría buscar la mejor manera de comunicarse. Cada uno debería expresarse de modo que los demás lo entendieran. Y si tuviera que “renunciar” a su derecho de hablar su propia lengua lo haría con gusto; si no, debería retirarse de la conversación. En todo caso es muy triste estar hablando y viendo en el rostro de los interlocutores que no entienden nada. Como profesor recuerdo lo duro que se hacía el que estuvieras explicando algo y, por la razón que fuera, ver en las caras de los alumnos que no se enteraban de nada. En ese caso, si fuera por el lenguaje utilizado, quizá fuera del alcance de los alumnos, habría que renunciar a hablarles en un lenguaje estrictamente científico o filosófico (lo que no supondría ningún desdoro) en aras de la comunicación. Traslademos esta situación al Congreso. Reconocido el derecho de todo diputado a hablar en su propia lengua, es él quien debe decidir por simple sentido práctico, cuál es el mejor camino para que no hubiera en la sala caras de palo y trasmitir su mensaje: hablar en su propia lengua, o hablar de modo que lo entiendan. Eso está en sus manos.