Hace unos días se reunió con carácter extraordinario la Conferencia Episcopal Española, y entre los asuntos del orden día, los obispos han valorado el informe del Defensor del Pueblo, quien fue invitado a asistir a esta reunión del episcopado español, pero declinó participar por motivos personales, cuestión muy respetable pero hubiese sido de suma importancia su asistencia para haber podido contrastar y discernir sobre el informe evacuado.

En este sentido los prelados con gran sentido de amor al prójimo y a la Iglesia han analizado y valorado el informe realizado por el Defensor del Pueblo, de manera especial, el testimonio recogido de las víctimas, lo que permite situar con humildad y contrición a las víctimas en el centro con el mayor de los respetos y afectos. Se han considerado también valiosas las recomendaciones propuestas en este informe.

Los obispos han manifestado su dolor por el daño causado por algunos miembros de la Iglesia con los abusos sexuales y reiteran su petición de perdón a las víctimas, expresando el deseo de cooperar en la reparación integral de las víctimas y profundizar en los caminos para su protección, su acompañamiento y la prevención de los abusos.

A los católicos nos duelen los abusos cometidos en la Iglesia. Pero el informe no representa al conjunto de sacerdotes, religiosos y laicos que trabajan sin vulnerar el ordenamiento jurídico, entregando su vida con la ayuda del Espíritu Santo al servicio del prójimo, de Jesucristo y de Dios.

Los obispos se han unido sin fisura alguna a la petición del Defensor del Pueblo, que urge al Estado a poner en marcha las recomendaciones que el informe realiza a sus distintas instituciones, no solo a la Iglesia Católica, para asumir su responsabilidad en la tarea conjunta de poner fin a esta lacra que afecta a toda la sociedad, como señala el mismo informe.

Dejar de tener en cuenta la magnitud del problema y su dimensión mayoritariamente extraeclesial, supone no afrontar las causas del problema y perpetuarlo en el tiempo. El estudio del Defensor del Pueblo presenta una visión general del problema que va más allá de la Iglesia: los abusos sexuales a menores son un problema social al que todas las instituciones públicas y privadas tienen el deber de dar respuesta. Además, poner el foco exclusivamente en la reparación de las víctimas de la Iglesia Católica, discriminaría a la mayoría de las víctimas, a las que convertirían en víctimas de segunda. Paz y Bien.