Mientras la Junta de Andalucía busca la complicidad de Murcia y Valencia para presentar un recurso conjunto contra el recorte del Tajo-Segura, el Gobierno defiende el tijeretazo pese a la revuelta de los regantes y confirma que no faltará agua. Como ven dos posturas encontradas, distantes e irreconciliables que nunca van a confluir en la defensa de los intereses de los afectados y, ni mucho menos, en la búsqueda del consenso necesario para afrontar un problema que corresponde a todos y en el que el Levante se juega miles de puestos de trabajo, riqueza y crecimiento. Pero en vez de trabajar de forma conjunta en la búsqueda de soluciones que satisfagan a las partes, un día si y otro también nos encontramos con el ruido mediático, a la caza y captura de votos, con la vista puesta en las municipales de mayo y en las generales de noviembre.

Almería, Murcia y Valencia necesitan el agua del Tajo-Segura, primera premisa. Sin ella el desarrollo que han experimentado la agricultura de esta regiones nunca hubiera sido posible. Aquí, pese a tanta fanfarria, somos conscientes del cambio climático, de la sequía que afecta a la cuenca cedente y a la caída de las precipitaciones. No pedimos aquello que Castilla-La Mancha necesita. Segunda premisa. Buscamos que si sobra un metro cúbico de agua, después de mantener el caudal ecológico necesario en el trazado del río hasta Portugal, que se use con criterio y atendiendo a las posibilidades económicas que el agua genera cuando nos llega. No es menos cierto que un sector primario como el nuestro, capaz de generar valor en los mercados, tiene alguna posibilidad, no siempre, de poder pagar el metro cúbico de agua desalada a precios que para el resto del agro español serían impensables. Pero hoy, con inversiones casi paralizadas y con una demanda creciente, parece inviable que Valencia, Murcia y Andalucía sean capaces de autoabastecerse sin la necesidad de usar el líquido elemento que llega del trasvase. La desalación es una alternativa válida, el uso de aguas regeneradas también, pero aún se hace necesaria la dependencia de una obra que en su momento fue un símbolo del desarrollo y que con la mirada puesta en modo perspectiva, ha sido capaz de fijar población, generar riqueza y convertir al Mediterráneo español en la huerta de Europa.

La conclusión no puede ni debe prestarse a conjeturas con más o menos calado. Debe quedar claro el valor añadido que el trasvase ha generado en el Mediterráneo, la necesidad de regular los caudales ecológicos y faltaría el compromiso estatal de inversiones que nunca puedan poner en peligro la riqueza creada y la que está por venir. Dejemos, por favor, de jugar con un bien tan escaso y fundamental para la vida y el desarrollo de los pueblos como es el agua. Apostemos por la solidaridad entre cuencas. Con ella nos ha ido bien. No hay motivos para cambiar.