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El tránsito

Eduardo Jordá

¿Ni vencedores ni vencidos?

LOS que vivimos los años de la Transición recordamos el entusiasmo casi supersticioso con que recibíamos la noticia de los traspasos de competencias a las recién creadas Comunidades Autónomas. "¡Ya nos han traspasado la Educación!", decíamos, y al instante creíamos que por arte de magia todos nuestros alumnos iban a ser más inteligentes y estudiosos. "¡Ya han llegado las competencias de Sanidad!", oíamos decir otro día, y en seguida creíamos que nos íbamos a librar de todas las enfermedades peligrosas, ya que el tifus exantemático, por ejemplo, o el cáncer de páncreas iban a quedar fuera de combate gracias a los milagros de la descentralización administrativa.

Una de las peores consecuencias de las dictaduras -aparte, claro está, de su naturaleza criminal- es que nos hacen creer en la eficacia sobrenatural de todo lo que se haya opuesto a ellas o haya sido prohibido por ellas. Como el franquismo fue un régimen centralista en el que todas las decisiones se tomaban en Madrid, hemos aceptado como un dogma de fe que la descentralización autonómica siempre ha de dar resultados positivos, cosa que no es del todo cierta, o que al menos parece que está dejando de serlo. Porque las autonomías fueron y siguen siendo positivas en muchos aspectos, pero en los últimos años se están convirtiendo en una nueva versión del Monstruo de las Galletas de Barrio Sésamo.

Cada vez quieren más privilegios, más blindajes estatutarios, más presupuestos y más funcionarios. Y peor aún, algunas comunidades ya han empezado una carrera con otras comunidades a ver cuál paga mejor a sus funcionarios, o mejor dicho, cuál de ellas les concede más privilegios, con lo cual se crean agravios humillantes con respecto a otros territorios, como los que han provocado la última huelga de funcionarios de Justicia. ¿Es justo que haya comunidades donde se paga mejor a los médicos, o a los maestros o a los funcionarios de Justicia? Parece evidente que no, pero nuestro Estado central -o lo que queda de él- no quiere darse cuenta de que las diferencias salariales entre las distintas autonomías suponen una vulneración de los derechos de muchos trabajadores públicos. Y además, no es justo que los ciudadanos tengan que pagar las consecuencias de estas políticas disparatadas, como ha ocurrido con la última huelga de funcionarios de Justicia.

Porque no es verdad, como ha dicho el ministro Bermejo, que en esta huelga no ha habido vencedores ni vencidos. Ha habido vencidos, claro que los ha habido. Y han sido, como siempre, los usuarios. Y los usuarios, no lo olvidemos, son los contribuyentes que sostienen con sus impuestos no sólo al ministro Bermejo, sino a los sindicatos más subsidiados de Europa.

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