Con unas horas de diferencia, el Congreso y el Senado han aprobado sendas comisiones de investigación sobre las compras de material sanitario durante la pandemia. En el caso de la Cámara Alta, controlada por la mayoría absoluta del PP, el objetivo inicial será el llamado caso Koldo, la supuesta trama de comisiones ilegales para conseguir contratos de suministros de mascarillas en el peor momento del Covid-19. Una transacción que salpica directamente al Ministerio de Transportes, pero que puede alcanzar también a otros ministerios y varias comunidades autónomas. En el Congreso, tras destaparse este escándalo, la reacción del PSOE y sus socios fue impulsar una iniciativa que extendiera las indagaciones a todas las contrataciones de emergencia de las administraciones. Una puerta para defender que el descontrol fue generalizado. Las declaraciones de los principales dirigentes de PSOE y PP estos últimos días hacen temer lo peor con el uso de estas herramientas parlamentarias. Con una primavera cuajada de citas electorales y con la crispación instaurada como modelo de debate, el riesgo de que se conviertan en comisiones de polarización es muy alto. No se trataría de averiguar, ahora con una distancia temporal suficiente, qué sucedió en aquellas fechas, qué mecanismos fallaron y por qué algunos desaprensivos consiguieron un negocio millonario. No sirve como justificación alegar que aquello fue “una selva”. Pero el derrotero por el que discurren estas iniciativas es el de causar el mayor escarnio al adversario y, en caso de apuro, activar el ventilador. Resulta desalentador que se hagan apuestas para especular con el grado de parentesco de los líderes que se incluirán en el listado de citaciones. Como si fuera una partida de mus en la que PSOE y PP se amenazan con el órdago. Las comisiones no son banquillos políticos para sentar a los oponentes y sentenciarlos con la pena de telediario. Porque la verdad no interesa.