El llamado caso Koldo, la presunta red de cobro de millonarias comisiones ilegales organizada por un estrecho colaborador del ex ministro José Luis Ábalos en lo más duro de la pandemia, sigue extendiéndose como una mancha de aceite a raíz de las revelaciones contenidas en el sumario. El intento del Gobierno y del PSOE de establecer un cortafuegos mediante el apartamiento de la vida política de Ábalos se ha demostrado un fracaso y se confirman las primeras expectativas de que puedan quedar otros ministerios, además del de Fomento y gobiernos regionales que entonces estaban en manos de los socialistas. Existe incluso el temor de que el caso implique a una institución de tanta importancia institucional como es la Presidencia del Congreso. Todo ello añade más inestabilidad a una legislatura que ya estaba cogida con pinzas debido a los pactos cerrados por Pedro Sánchez para asegurar su investidura. Hasta ahora, la única trinchera que podía defender el Gobierno era la de la limpieza de su ejecución pública en los últimos cinco años. Ahora ese límite parece que se ha superado y es lógico prever que los manejos en el Ministerio de Fomento durante la pandemia persigan a Sánchez. Nadie puede saber todavía hasta dónde llegarán las revelaciones, pero no cabe duda de que al Gobierno de coalición se le complica el panorama y aunque finalmente pueda sacar adelante la controvertida ley de amnistía y desbloquear los Presupuestos para 2024, va a tener más difícil cualquier negociación. La mayoría del Gobierno es tan ajustada que la fuga de Ábalos al Grupo Mixto añade un elemento de incertidumbre que complica el proyecto de Pedro Sánchez de blindarse y llevar la legislatura hasta su final natural en 2027. Lo que queda por delante supone someter al país a un permanente estrés político trufado de crispación. Así va a ser muy difícil llevar adelante una agenda que ayude a resolver los muchos problemas a los que se enfrentan los españoles.