En medio de un contexto internacional agitado, la economía española da muestras de fortaleza. Según los datos definitivos de 2023, publicados esta semana por el INE, el crecimiento del PIB fue del 2,5%, sensiblemente superior a la media europea y a la cabeza entre los principales países de la UE. La afiliación a la Seguridad Social marcó récord con más de 21 millones de personas en el sistema y la inflación se redujo en ocho puntos desde el máximo que se registró en el verano de 2022. Estos datos, que acompañan a una evolución positiva del déficit público, hablan de una sociedad dinámica y emprendedora que ha sabido superar, mejor que otras, el trauma que supuso la pandemia. Aunque hay amenazas muy serias en el horizonte, derivadas sobre todo de la amenaza rusa sobre Europa, los motivos para sentirse satisfechos son evidentes. Las previsiones para este año hablan de una suave desaceleración, pero aun así sigue habiendo perspectivas esperanzadoras. La buena marcha de la economía se produce, sin embargo, en medio de un panorama político dominado por la crispación, la polarización y la falta de entendimiento. España tiene un problema político y no lo tiene económico y la sociedad asiste atónita al espectáculo diario del enfrentamiento y la falta de propuestas. Este desfase entre política y economía es un riesgo para la evolución del país y, entre otros factores, empaña su proyección internacional. Ahora mismo la economía española tiene capacidad de captación de inversiones y de proyectos. La inestabilidad política, que afecta a los aspectos institucionales, puede actuar como freno y de hecho algunos analistas han informado ya en esa dirección. Recuperar un cierto tono de normalidad, no exento de las lógicas discrepancias, se antoja una necesidad urgente.