Condenada a cuatro años de prisión por malversar y cometer falsedad documental a favor de un amigo narcotraficante cuando regía el Instituto Catalán de las Letras, también Laura Borrás tendría que ser amnistiada para que Juntos por Cataluña elevase al socialista Sánchez a la presidencia del gobierno. Ante esa petición, resulta muy ilustrativo repasar las cuatro décadas de doctrina socialista sobre las amnistías.

En 1977 se concedió una amnistía en España para todos los delitos relacionados con la política. Los socialistas la solicitaban. Había que facilitar la transición desde una dictadura y el Código Penal del franquismo no valía para la naciente democracia. Poco después el Grupo Mixto del Congreso pidió incluir las amnistías en la Constitución. El portavoz socialista se opuso porque equivaldría a reconocer que el Código Penal de la democracia era injusto. La propuesta del Grupo Mixto fue rechazada y, en paralelo, se prohibieron los indultos generales. Según los socialistas, era exigible una interdicción de arbitrariedad a los poderes públicos. O sea, el gobierno no podía indultar a capricho, ni la Constitución avalar las amnistías.

En 2021 algunos grupos parlamentarios plantearon la conveniencia de amnistiar los separatistas perseguidos por la justicia. La presidenta del Congreso, la socialista catalana Batet, consultó a los letrados. Por unanimidad decidieron que no se podía tramitar ninguna ley de amnistía porque era inconstitucional de raíz. En consecuencia, Batet se negó tramitar la petición. En su apoyo, la portavoz socialista, la asturiana Lastra, declaró que una amnistía rompería la igualdad ante la ley de los justiciables y de sus víctimas. Determinadas conductas, como tirar un adoquín a un policía, no serían perseguibles si las hubiese cometido un separatista, pero sí lo serían (el ejemplo es mío) si las hubiese cometido un miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Como socialista, Lastra estaba a favor de la igualdad ante la ley y en contra de las amnistías.

En resumen, desde 1977 a 2022 los sucesivos portavoces socialistas fueron exponiendo argumentos sobre la incompatibilidad de las amnistías con la democracia. Como colofón, durante la campaña de las últimas elecciones el presidente Sánchez declaró que, habiendo gobernado cinco años, los separatistas no habían logrado que aprobase ninguna amnistía. Y que así seguirían las cosas si seguía gobernando.

Apenas un mes después, una legión de intelectuales proclives al socialismo anda diciendo que la amnistía no solo es constitucional, sino muy deseable. No es inconstitucional porque la Constitución no la menciona y es deseable porque pacificaría Cataluña. Nadie piense que es porque Sánchez quiere los votos de los separatistas: es por el bien de España. Más osado, el coruñés Xoán-Antón Pérez-Lema aclara que, además de la amnistía, sería necesario modificar el Código Penal para mayor seguridad de todos (añado yo, que los jueces son muy suyos y sabemos lo que hicieron con el abaratamiento de la malversación) Afirma Xoán Antón que la ley de amnistía “encuentra su sentido y legitimidad en la anormalidad democrática que supuso la represión jurídica de las conductas que deben ser objeto de la amnistía”.

Recogida la opinión de los socialistas y sus afines, viene mi modesta exégesis. Desde el comienzo de la democracia los socialistas han estado defendiendo que no cabrían amnistías porque sería poner en duda el Código Penal, romper la igualdad ante la ley e invalidar otros preceptos constitucionales. Ahora defienden amnistiar a los separatistas, pero se han bifurcado en dos escuelas. Ambas coinciden en que es bueno que Sánchez consiga los votos separatistas porque solo así podría proseguir lo que llaman “el gobierno progresista”. Sobriamente, una escuela añade que la amnistía solventaría “el conflicto catalán”. Más coherente, la otra escuela sostiene que el Estado español no actuó democráticamente al reprimir el golpe de 2017 de los separatistas. Según su idea, en el período 2017-2023 (otros se retrotraen a 2013) en España no había una verdadera democracia, sino una apariencia de democracia. Y con la amnistía se restañaría esa interrupción de la democracia y volveríamos al carril del que nunca debimos salir. Dicen los de esa escuela que declarar la independencia de una región nunca debió ser delito, ni tampoco tomar aeropuertos, quemar contenedores y apedrear policías. ¡Ah! Y tampoco fraccionar contratos para dárselos a amigos narcotraficantes. Perseguir judicialmente todo eso era propio de fachas, que no de demócratas. Lo curioso es que durante buena parte de ese período seudodemocrático estaba al mando el “gobierno progresista”. Y que el Código Penal lo avalaba.

Volvemos, pues, al principio. Estamos ante el cambio de la posición mantenida por los socialistas desde el inicio de esta democracia. Quizás han abandonado la defensa de la igualdad de los ciudadanos ante la ley y no creen en la continuidad de la democracia desde la Transición. Desde la izquierda, solo los Jacobinos podrían enderezar a estos tuertos. Su lema: Amnistía, de entrada, no.