En la vida de cualquier persona puede darse la circunstancia de afrontar su responsabilidad en tantas cuestiones de índole personal o profesional. También en las organizaciones sociales, económicas o políticas existe esa exigencia de responsabilidad.

Sería imposible negar que en España se están viviendo circunstancias preocupantes, la polarización de la sociedad es una realidad palpable en pueblos y ciudades de todas las comunidades y regiones. El descontento y la tensión social aumenta día tras día sin que se vislumbre algún indicio que pueda aminorarla. Lo cierto es que desde hace años unas determinadas prácticas políticas alejadas del consenso han logrado dividir a la sociedad española con marcado sesgo ideológico.

A estas alturas creo que no hay que obstinarse en las cifras de manifestantes, las imágenes de las televisiones bastan para evaluar la dimensión y el impacto de todas ellas. Se trata de conocer valorar y respetar democráticamente las motivaciones por las que se manifiestan, es lo que algunos llaman “la voz de la calle”. Sus pancartas y proclamas son similares de norte a sur y de este a oeste de España, protestan contra decisiones sobre pactos y acuerdos del gobierno y del partido que lo sustenta, el PSOE. Califican estos pactos y acuerdos claramente inconstitucionales y además, claman contra una flagrante desigualdad de los españoles ante algunas concesiones que favorecen a Cataluña y el País Vasco, dos comunidades con altos índices de riqueza y calidad de vida, en detrimento de otras regiones más desfavorecidas. Añadir sobre los privilegios acordados en el pacto de Sánchez y el PSOE a políticos condenados por graves delitos a quienes se concede patentes de impunidad frente a la Ley que vulneran el principio fundacional de cualquier democracia; la igualdad de todos ante la Ley. En España el gobierno y el PSOE protegen a los políticos que han cometido graves delitos contra el Estado y anuncian que volverán a cometerlos impunemente en clara desigualdad con los ciudadanos del común que han de someterse al rigor de la Ley. Con la única observancia de la razón y del sentido común esto no es aceptable en ninguna sociedad civilizada. Y es por esta razón fundamental que las sociedades civilizadas no cuestionan el Imperio de la Ley a la que habrían de someterse todos los poderes del Estado, todos los ciudadanos y de manera singular el gobierno de la nación. Por todo lo anterior, la Constitución de 1.978 se inspiró en el liberalismo extendido en los países europeos en sociedades democráticas y no menciona la posibilidad de concesión de amnistía alguna. Y de manera indubitable, el Tribunal Constitucional rechazó las propuestas de amnistías en dos sentencias, en 1.983 sentencia 63/1.983. y tres años después, en 1.986 sentencia 147/1.986”; “se rechaza la amnistía por ser contraría a los principios inspiradores del nuevo orden político”. De entonces a hoy no han cambiado los principios inspiradores del orden político amparado por la Constitución de 1.978. Asi lo entendieron y se manifestaron rotundamente contrarios a las amnistías el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez y significados ministros de su gobierno, Carmen Calvo (profesora de Derecho Constitucional), Fernando Grande Marlasca (magistrado), Félix Bolaños (abogado) y todos los ministros y altos cargos del PSOE. Juan Carlos Campo (magistrado) se expresó en un informe oficial contrario a la amnistía en su condición de Ministro de Justicia. Y asi lo han expresado insignes catedráticos, juristas de prestigio, asociaciones y organizaciones del mayor nivel de la judicatura, la fiscalía, incluso el Tribunal Supremo. Con estas observaciones profesionales y las del Consejo General del Poder Judicial sobre la inconstitucionalidad de la amnistía ningún gobernante guiado de la razón y el interés general se atrevería a proponerla bajo ninguna circunstancia. Menos aún en su beneficio político personal como lo ha hecho el presidente del gobierno de España.

Sin embargo, todos los ministros citados, y el presidente del gobierno ahora dicen todo lo contrario y defienden un pacto contra natura que obliga al gobierno de España a conceder la amnistía a delincuentes políticos. Además, en este pacto antidemocrático, se establecen dos clases de españoles; los que viven en Cataluña y el País Vasco y los del resto de España. Españoles de primera y españoles de segunda. Resultaría absurdo y grosero que todo lo anterior traten de ignorarlo o minimizarlo los ministros socialistas del gobierno, senadores, diputados, presidentes de comunidades autónomas, consejeros, alcaldes y concejales del PSOE, asi como la militancia socialista porque todo lo que reprocha buena parte de la sociedad se ha hecho bajo las siglas del PSOE. Y aquí reside la responsabilidad ineludible de este partido. Habrá que recordar que este partido político fundado en el siglo XIX entre sus principios fundacionales esta precisamente la defensa de la igualdad y la lucha contra los abusos de poder y por ello corresponde al PSOE asumir su papel en este trance difícil que vive España y actuar en defensa de la igualdad y contener los abusos de poder que se denuncian públicamente.

Las declaraciones de Felipe González y la casi totalidad de quienes fueron dirigentes respetados y queridos por la militancia socialista reclaman al PSOE regresar a la senda constitucional, frente a ellos la jactancia del gobierno y del actual PSOE deslegitima el inmenso patrimonio político y social de la transición. Ningún gobernante demócrata del mundo podría menospreciar y descalificar los gritos angustiados de la sociedad civil. Ciudadanos de toda condición y edad se rebelan contra quienes tratan de arrebatarles sus derechos, entre otros la igualdad. Ningún presidente demócrata del mundo podría elevarse con orgullo enfermizo contra las asociaciones de los jueces, de los fiscales, del Tribunal Supremo, del Consejo General del Poder Judicial, Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, del Tribunal de Cuentas, de todos los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Asociación de Abogados del Estado de los colegios de abogados , de los más importantes despachos de abogados de toda España, de los Inspectores de Hacienda, de los Inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social, de los Asociación de Interventores y Auditores del Estado, Asociación de Técnicos Superiores del Estado, y asociaciones de Profesores , historiadores, academia de doctores, las asociaciones de empresarios de toda España, y multitud de medios de información nacionales e internacionales. Ningún gobernante demócrata del mundo podría burlarse de este clamor tan cualificado que no está sujeto a ninguna disciplina o ideología política. En Inglaterra el Partido Conservador desalojó del poder al Primer Ministro del Reino Unido, Boris Jhonson; “es voluntad del Partido Conservador que haya un nuevo líder y un nuevo Primer Ministro”. El PSOE presume de ser un partido democrático, aquí tiene un ejemplo reciente de auténtica democracia.