En mi último artículo del 30 de julio pasado en estas mismas páginas escribía sobre la complicada situación política que vive nuestro país tras las elecciones generales, pues las dos posibles alternativas de gobierno –un gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo apoyado por Vox y algún parlamentario más , o un gobierno presidido por Pedro Sánchez en coalición con Sumar y apoyado por otros partidos independentista– serían rechazados por la mayoría de la población española a uno y otro lado del espectro político, haría muy difícil la gobernanza e imposibilitaría abordar las grandes reformas que el país requiere. Por ello, proponía un gobierno sostenido por un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que contraría con un amplio soporte parlamentario (el 73,7% de los diputados). Un acuerdo de gobierno que sería más fácil de consensuar que los que exigirían los potenciales socios de Feijóo o de Sánchez, dado que las diferencias programáticas entre los dos partidos son mucho menores de lo que se piensa.

Ya decía en el artículo que mi propuesta, aunque razonable y ensayada con éxito en muchas democracias europeas, puede valorarse como utópica por el alto nivel de enfrentamiento y crispación entre ambos partidos en el presente. Sin embargo, en un reciente artículo en Diario de Sevilla constataba que los acuerdos entre el Partido Popular y el PSOE no solo son posibles, sino reiterados históricamente. En dicho artículo, Reyes Rocha nos informaba de que la Diputación Provincial de Sevilla (conformada por 15 diputados del PSOE, 11 del PP, 4 de Con Andalucía y 1 de Vox) ha acordado recientemente incorporar como asesores eventuales a cinco alcaldes del PP, mientras que el PSOE tiene trece alcaldes como coordinadores eventuales. El total de los eventuales vinculados a los partidos representados en el Pleno de la Diputación se eleva a 38 entre coordinadores y asesores con salarios de 47.344 euros. Al parecer estos contratos eventuales constituyen una costumbre muy generalizados en las diputaciones provinciales, y se utilizan en unos casos para mejorar los limitados sueldos de alcaldes de pequeños municipios y, en otros casos, para darle ocupación y retribuir a algunos miembros de los partidos políticos.

Llama la atención que una administración con 31 diputados elegidos y cerca de 2.000 funcionarios y empleados públicos contratados, en general muy bien retribuidos y con laxas condiciones de trabajo, requieran de tanto “personal eventual” para tareas de asesoramiento y coordinación, muchos más que algunos gobiernos nacionales de países desarrollados y con tareas que imaginamos menos complejas. Y llama también la atención que esas tareas se les asignen de forma generalizada a miembros de los partidos políticos que conforman el Pleno sin que se conozcan las capacidades profesionales que se requieren y sin que se convoquen en su caso concursos para su selección.

Y sorprende, adicionalmente, que una administración cuya principal misión es distribuir fondos públicos recibidos de las administraciones nacional y autonómica para la inversión en la provincia y, en mucha menor medida, prestar servicios directamente a los ciudadanos, tenga unos gastos tan elevados en personal (135,2 millones de euros, el 24,9% del presupuesto) y en bienes corrientes y servicios de funcionamiento (el 9,1%), que la hace tan ineficiente.

En múltiples ocasiones en las cuatro últimas décadas se ha denunciado la inutilidad de las diputaciones provinciales tras la articulación territorial de España en comunidades autónomas, y ante procesos electorales diversos partidos políticos se han pronunciado por su supresión, o cuando menos su reconversión, para hacerla más funcional y eficiente, pero todas las iniciativas han decaído cuando los partidos proponentes han pasado a tener responsabilidades de gobierno y han constatado que en una administración tan opaca, con elección indirecta de sus diputados y con muy escaso control externo puede utilizarse como agencia de colocación de los partidos políticos.

Una realidad desvergonzada que nos aleja de las democracias avanzadas, y a la que me refiero ahora porque es un ejemplo manifiesto de que al Partido Popular y al Partido Socialista no les cuesta mucho esfuerzo ponerse de acuerdo, siempre que sea en su propio beneficio, y con ello dan razón a los que antaño criticaban “la casta de los políticos”, aunque ahora, tanto Con Andalucía (8 asesores) como Vox (1 asesor) en la Diputación Provincial de Sevilla, no le hacen ascos a la sopa boba de la Diputación y también tendrán sus “asesores eventuales”.