No alcanzan las audiencias de las retransmisiones de League of Legends en Twitch o de la final de la Copa del Rey entre el Athletic Club de Bilbao y el RCD Mallorca en TVE1, pero tienen sus seguidores. Hablamos de las sesiones plenarias que se celebran en los 103 ayuntamientos de la provincia de Almería. Muchas de ellas son retransmitidas vía streaming en redes sociales y Youtube para que los propios vecinos puedan conocer de primera mano las decisiones que sus dirigentes toman.

Pero hay excepciones. En Padules, la localidad ubicada en la Alpujarra Almeriense, se ha decidido dar un paso más para ponerle coto a estas grabaciones y se ha aprobado, precisamente en sesión plenaria, una ordenanza que regula la forma de realizar las grabaciones de los plenos municipales en el Ayuntamiento. Una medida aprobada por mayoría absoluta al contar con los cuatro votos a favor de Grupo Socialista y las tres abstenciones del Grupo Popular.

La ordenanza especifica que la grabación será realizada por el propio personal del Ayuntamiento "en la forma menos costosa para las arcas locales" y recalca que deberá ser entregada a la Secretaria en el mismo día de la celebración de la sesión. De esta forma, serán custodiadas durante dos meses, plazo en el que los concejales interesados pueden solicitar una copia que "no puede ser trasladada o transportada fuera de las dependencias de la Casa Consistorial". Pasados dos meses, se borrarán.

Las excepciones y verdaderas limitaciones vienen para aquellos vecinos que deseen hacer una grabación del pleno. A ellos les tocará identificarse ante el Secretario-Interventor antes de iniciarse la sesión plenaria y "deberán realizarse desde un lugar o estructura fija, no pudiendo, para evitar distracciones, manipular los medios de grabación en el transcurso del Pleno", apunta la ordenanza. Es decir, que deberán utilizar un trípode y no tocar el smartphone o cámara de vídeo en ningún momento. SI lo hacen, el alcalde "podrá impedir que continúe la grabación" y "podrá ordenar que el incumplidor abandone el salón de sesiones".

Además, la ordenanza apunta que "para evitar situaciones de intimidación o coacción hacia algún miembro de la Corporación, el plano de grabación deberá enfocar a la totalidad de los miembros de la Corporación", por lo que además de no poder tocar la grabación en ningún momento, tampoco se podrá hacer primeros planos a ningún concejal.

Vigilados en todo momento

Pero las restricciones no quedan solo aquí. La ordenanza también habilita a los trabajadores municipales para grabar al público asistente "con el fin de determinar la localización de todos aquellos que estén realizando la grabación del pleno y de esta forma poder determinar quien puede hacer un uso ilegítimo de dichas imágenes en el futuro". Para ello, esta grabación será entregada del Secretario -Interventor que las custodiará para hacer uso de las mismas en caso de un posible proceso judicial.

Una medida que tiene como fin evitar que se divulguen datos personales de los concejales o de cualquier otro vecinos.

En caso de publicarse, el Ayuntamiento anuncia que "perseguirá ante los tribunales de justicia, de oficio o arequerimiento de cualquier de los que se sientan afectados, cualquier uso que se estime fraudulento o que perjudique al derecho al honor, la intimidad y la profesionalidad de los miembros presentes de cada sesión".

Medidas muy tajantes que, pese a todo, no chocan con la Agencia Española de Protección de Datos que señala que "de conformidad con la normativa de régimen local, las sesiones del Pleno de los Ayuntamientos son públicas, si bien podrán ser secretos el debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta".

Por ello, apunta que "en consecuencia, pueden ser objeto de grabación, y difusión a través de Internet, si bien las personas físicas objeto de grabación, tanto miembros del Pleno como público, podrán ejercitar sus derechos de supresión u oposición ante el responsable o el titular de la web (si se difunden por Internet), derecho que deberá ser atendido en el plazo de 1 mes señalado (art. 12 del RGPD)".

En la misma línea se expresa el Defensor del Pueblo Español que en numerosas ocasiones ha respondido a ciudadanos sobre este tema y explica que no se puede impedir la grabación de los plenos y la difusión de lo grabado, siempre que el solicitante de la autorización respete las normas de protección de datos de carácter personal y los límites establecidos en la Constitución y demás leyes.

En este sentido aclara que existe la "obligación de solicitar previamente la autorización al alcalde en cuanto presidente de las sesiones plenarias" así como "el respeto a las normas de protección de datos de carácter personal" y "el no impedir ni obstaculizar el normal desarrollo de los plenos". Y concluye recordando que "la denegación expresa de esa grabación debe ser motivada".

Polémica en Garrucha

Este tipo de medidas tiene como fin evitar problemáticas como las generadas en Garrucha cuando el secretario del Ayuntamiento de Garrucha, Juan Luis Pérez Tornell, entonaba el 'mea culpa' tras conocerse que el Juzgado de Vera ha abierto diligencias contra el alcalde, Pedro Zamora (Partido Popular), y contra su teniente de alcalde, Álvaro Ramos, por un presunto delito de prevaricación tras haber publicado los datos de carácter personal de concejales socialistas, a sabiendas de que estaban cometiendo un posible delito, tal y como les advirtieron los técnicos municipales.