San Andalucía, 'ora pro nobis'

  • Cuando se anticipan muy serios problemas en las finanzas públicas, cabe preguntarse si tuvo sentido la transferencia de competencias a las comunidades y si sería necesario que el Estado reasumiese algunas

ES un día grande el de San Andalucía. Ayer celebramos dos trascendentales efemérides: el éxito del referéndum de autonomía y las primeras emisiones de Canal Sur. Los dirigentes nos ofrecieron atinadas reflexiones sobre el provechoso camino que hemos recorrido desde 1980, en el que figuran como hitos inmarcesibles el encendido del Canal Sur 2 y la redacción del Estatuto de Autonomía Versión 2.0, una catedral jurídica de tal complejidad que requirió la dedicación exclusiva del Parlamento durante casi toda la pasada legislatura. Gracias al primero accedemos en abierto a una cuidada, selecta y vanguardista programación cultural, y gracias al segundo logramos una competencia hidrográfica que trasvasa otras 850 personas a la gran familia de la Junta y que se añaden a los 900 empleados públicos que ya se dedicaban a las aguas continentales.

Cuatro millones de andaluces sentirán muy pronto la mejora que inocula en todo servicio público la cercana y dinámica gestión autonómica, frente a la lejanía y pesadez característicos del centralismo, como lo demuestran los progresos habidos en la educación y en el servicio de justicia. Desconozco si se han estudiado los avances en la gestión de las cuencas Mediterránea y Atlántica, transferidas en 2005 y 2006 respectivamente, pero estoy seguro de que se han producido y que son reconocidos por los administrados porque si no no se entiende el pertinaz esfuerzo y el despliegue de influencia realizado por la Junta para lograr la gestión del Guadalquivir.

Las dificultades constitucionales de esta cesión la hacen figurar entre las más significativas de las 1.927 competencias transferidas por el Estado desde 1978 junto con 820.000 funcionarios. Las comunidades han añadido otro medio millón de empleados por su cuenta. Curiosamente, Andalucía ha recibido 151 competencias, el guarismo mágico del artículo de la Constitución que puso la vía del primer AVE: la "Alta Velocidad Estatutaria". Por lo demás, sólo nos superan Cataluña (182) y Galicia (154).

Un observador imparcial y no ideologizado, un marciano visitante de España en los primeros años 70 y ahora de vuelta, se percataría del extraordinario progreso económico del que hemos sido capaces y de nuestra integración en las economías desarrolladas. También valoraría el avance de algunos buenos servicios públicos. Pero probablemente, y aún con ponderación, pensaría que los dirigentes políticos parecen cada vez menos capaces porque no han tenido más remedio que repartirse entre 17 equipos de gobierno las tareas que antes realizaba uno solo y con bastantes menos asistentes. También parece haberse multiplicado la complejidad de legislar porque ha sido necesario constituir también 17 órganos legislativos. Y el Gobierno necesita 17 ministros para ejercer las reducidas competencias que le restan, mientras que la centralizada Francia tiene dos menos.

Cuando se anticipan muy serios problemas en las finanzas públicas -el informe de recaudación del enero es revelador- cabe preguntarse si tuvo sentido la centrifugación de competencias, en qué ha mejorado el rendimiento de las instituciones públicas y si sería necesario que el Estado reasumiese algunas competencias traspasadas, como la licencia para cazar; amén de racionalizar la distribución de municipios y, como mínimo, reducir las diputaciones al ejercicio de las escasas competencias para las que conservan alguna utilidad real.

La tramoya autonómica exhibe toda su exhuberancia en la arquitectura administrativa de La Rioja, un territorio admirable también por otras cosas. Sus 317.020 habitantes, la población de Córdoba capital, necesitan nada menos que un Parlamento (33 diputados), un Consejo de Gobierno (Presidente y 10 Consejeros), 10 secretarios generales técnicos, 33 directores generales y 7 subdirectores, 8 gerentes de agencias e institutos (hay una vacante), amén de los consabidos Tribunal Superior de Justicia, Consejo Consultivo, Consejo Económico y Social, Defensora del Pueblo, bandera, escudo e himno. Total presupuesto: 1.299 millones de euros (en 2008).

La Rioja dispone al menos de un subdirector general o persona de superior nivel por cada 166 empleados autonómicos o 5.300 habitantes. El presupuesto a gestionar por cada empleado público fue de 132.337 euros, lo que, descontando su retribución promedio y seguridad social, deja bastante poco que manejar, aunque la mayor parte del gasto se destine a sanidad y educación. Los altos cargos gestionan un promedio de 22 millones de euros por cabeza. A tamañas responsabilidades presupuestarias, de dirección de personal y de servicio al ciudadano han de corresponderles unas retribuciones adecuadas, y para ello su Ley 4/2007 las asimila con la Administración General del Estado, con ciertos coeficientes moderadores. Sin duda el esfuerzo de acceso y la capacidad requerida en la gestión son perfectamente homologables y a nadie debe extrañar que el sueldo de la consejera de Asuntos Sociales sea el 92% del que corresponde al secretario de Estado de Economía, o que el sueldo del subdirector general de Planificación de la Innovación sea el 80% del de la secretaria de Estado de Telecomunicaciones.

Eso sí, hay que reconocerles que han resistido la tentación de imitarnos y todavía no han creado la Agencia Riojana de la Jota. Ni tampoco tienen una tele pública. San Andalucía, miserere nobis.

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